Nosotros

Especializados en la compra de derechos y litigios
Modern architecture, abstract background.

EQUITY

Litigation Funding

EQUITY & LAW

Referente y Pionera en el Sector

Nuestra empresa nace para dar respuesta a la inmensa dilatación en el tiempo que tienen los litigios (consumidores, profesionales y empresas) en los juzgados españoles, además de la incertidumbre que producen.

Entendemos que los mismos puedan necesitar monetizar lo antes posible esos derechos o litigios, que pueden alargarse durante años (ojo, ha cambiado)

Por este motivo, hemos abierto nuestros canales para  la adquisición de carteras y derechos de litigios de consumidores, profesionales y empresas.(ojo ha cambiado)

De este modo, Equity & Law es ya un empresa referente y pionera en el sector legal en operaciones de compra de derechos y litigios que se cimienta en nuestra gran experiencia  en el sector jurídico y financiero.

Muy contento con el trato, amables y con explicaciones sencillas de asuntos complejos, desde ahora, referencia para la famila

J.M.G
Cliente

Trato exquisito, rapidez , cercanía y diligencia que me ha proporcionado mucha tranquilidad para solventar mi problemática. Muy recomendados.

A.H.T
Cliente

Me han parecido muy profesionales, buenos comunicadores y trato muy cercano. Me fui con mis dudas resueltas, sin ninguna duda acudiría otra vez si me hiciera falta de nuevo.

J.G.O
Cliente
EQUITY & LAW

¿Qué es un derecho de litigio?

Un derecho de litigio, también conocido como derecho de crédito o de reclamación, es un derecho que tiene una persona o entidad para exigir el pago de una deuda o la compensación por un daño o perjuicio causado por otra persona o entidad. En otras palabras, es el derecho a reclamar el cumplimiento de una obligación por parte de otra persona.

Este derecho puede surgir de un contrato entre las partes, de una situación entre ambas,  de una sentencia judicial o laudo arbitral  que otorga una compensación, o de un derecho legal establecido en la ley. Por ejemplo, un derecho de litigio puede ser el derecho de un proveedor a cobrar una factura impagada por un cliente, o el derecho de un trabajador a recibir una indemnización por despido injusto, o el derecho a exigir que una aseguradora cumpla con las coberturas contratadas.

El derecho de litigio puede ser transferido o vendido a otra persona o entidad, lo que se conoce como cesión de derechos.  Esto permite a la persona o entidad que posee el derecho de litigio obtener una ganancia inmediata y segura al vender su derecho,  su crédito  o la posible  compensación de un tercero sin asumir costes y  riesgos, y de forma inmediata.

Es importante tener en cuenta que el derecho de litigio no garantiza necesariamente el pago o la compensación, ya que la persona o entidad que tiene la obligación de pagar puede no tener los recursos para hacerlo o puede negarse a hacerlo, además de la dilación en el tiempo, riesgos y venturas que asume el fondo de litigación.

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En España, un fondo de litigación puede ser útil en varias situaciones, por ejemplo:

Reclamaciones colectivas: Un fondo de litigación podría financiar una demanda colectiva en nombre de varios consumidores afectados por una misma práctica abusiva por parte de una empresa. Por ejemplo, un fondo de litigación podría financiar una demanda colectiva contra una compañía telefónica que cobra de más en sus facturas.

 

Reclamaciones contra el Estado: Un fondo de litigación podría financiar una demanda contra el Estado o la Administración pública en caso de una negligencia o falta de protección de los derechos de los ciudadanos. Por ejemplo, un fondo de litigación podría financiar una demanda contra el Estado por la falta de medidas de seguridad en un accidente de tráfico.

 

Derechos laborales: Un fondo de litigación podría financiar una demanda en nombre de un trabajador o un grupo de trabajadores que han sufrido abusos por parte de su empleador, como la falta de pago de horas extras o la discriminación laboral.

 

Prácticas comerciales engañosas: Un fondo de litigación podría financiar una demanda contra una empresa por prácticas comerciales engañosas, como publicidad engañosa o la manipulación de precios.

 

En todos estos casos, un fondo de litigación permitiría a personas o empresas con menos recursos económicos afrontar los costos de un proceso legal, lo que podría aumentar el acceso a la justicia y fomentar la protección de los derechos de los consumidores, trabajadores y ciudadanos en general.